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Buscan antejuicio para cuatro ediles de Sololá


El Ministerio Público (MP) promoverá antejuicio contra cuatro alcaldes de municipios ubicados a la orilla del Lago de Atitlán, Sololá,  quienes fueron denunciados por contaminar el manto acuífero.

La Fiscalía de Delitos contra el  Ambiente, del MP, termina de afinar la solicitud que busca retirar la inmunidad a los jefes ediles para que puedan ser investigados por los delitos de contaminación ambiental e incumplimiento de deberes.

Las pesquisas son contra Diego Ixmatá González, de San Pedro La Laguna; Tomás Chivilín Quievac, de Santiago Atitlán; Antonio Rodolfo Pérez y Pérez, de San Juan La Laguna, y Óscar Pic Solís, de San Lucas Tolimán.  Los cuatro jefes ediles son señalados por los mismos delitos.

Parte de la contaminación del Lago de Atitlán sej debe a que en la mayoría de los municipios no existe buen manejo de aguas residuales, lo que conlleva que las heces fecales van a dar directamente al manto acuífero, según las investigaciones.

De acuerdo con las pesquisas, en San Pedro La Laguna,  las descargas contaminantes van directamente al Lago, a una planta artesanal que hizo la población y a fosas sépticas.

En Santiago Atitlán existe una planta de tratamiento, pero por falta de mantenimiento dejó de funcionar, además de  que no hay alcantarillado.
En San Juan La Laguna, en el cantón Chicuá, hay un desfogue de aguas residuales que va directo al Lago. De acuerdo con los investigadores, niveles de fósforo y heces aumentan la existencia de cionobacteria.

En San Lucas Tolimán tampoco hay alcantarillado.

La denuncia se extiende también contra Mateo Martín Bixcul, alcalde de San Antonio Palopó.

Los jefes ediles estarían, según la Fiscalía, incumpliendo el acuerdo gubernativo 12-2011, Reglamento de Aguas Residuales en la Cuenca del Lago de Atitlán.

PDH denuncia

Jorge de León, procurador de los Derechos Humanos, informó que la denuncia la presentó desde noviembre del 2013 y ve con buenos ojos que el MP le dé seguimiento y que presentará los antejuicios contra los señalados.

Aclaró que esa denuncia llegó a la Procuraduría de los Derechos Humanos desde el 2009 y no hubo respuesta. 

“Los funcionarios deben entender que ninguno es superior a la ley y ahora deben responder a la justicia”, expuso De León.

Por: HUGO ALVARADO

Fuente: PRENSA LIBRE

 
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