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Del 31 de agosto al 11 de septiembre se está celebrando en
diversos lugares de Guatemala la Cumbre de Autoridades Indígenas
Guatemala-Colombia. La cumbre busca intercambiar las experiencias de gobiernos
indígenas, las legislaciones nacionales y la aplicación del Convenio 169 de la
OIT sobre los derechos y territorios indígenas en tres regiones mayas de
Guatemala y la Región del Pueblo de Los Pastos de Colombia.
Desde hace varios años, los pueblos mayas de Guatemala están
enfrentando la amenaza de una nueva invasión de sus territorios ancestrales por
parte de las empresas multinacionales minera e hidroeléctrica. El gobierno del
ex-general del ejército Otto Pérez Molina ha manifestado su apoyo para la inversión
extranjera en la zona rural del país. En su recién publicado “Marco General de
Política para la Promoción de la Inversión Privada en Territorios Rurales” el
gobierno afirma que “se reconoce la necesidad de la inversión privada, nacional
y extranjera, para el desarrollo rural integral.”
Las comunidades indígenas de Colombia, a pesar de
representar solo un 2% de la población del país (en contraste con el 60% de
Guatemala) han logrado unos importantes avances en materia de reconocimiento de
los derechos de los pueblos indígenas dentro del marco jurídico y
constitucional de Colombia. Estos avances han hecho posible una resistencia más
fuerte mejorando las capacidades de los 104 diferentes pueblos a defender la
autonomía jurisdiccional de sus territorios y proteger sus recursos naturales
ante la avaricia de empresas multinacionales.
Según Myriam Jimena Santoyo en su artículo, Los Indígenas
Colombianos, Hoy, “Desde 1980 hasta hoy se puede observar una consolidación
progresiva, dentro de la política estatal indigenista, de una ideología de
aceptación de derechos especiales para los pueblos indígenas, en particular en
materia de dotación de tierras, educación y programas de atención en salud. Lo
importante ha sido ganar terreno en dos elementos políticos fundamentales: por
una parte, en legitimar la posibilidad de la existencia de la diversidad
cultural dentro del Estado nacional y, por otra, el reconocimiento, si bien aún
demasiado general, de territorios indígenas.”
Con la participación de un senador de Colombia, varios
gobernadores de los resguardos indígenas de la zona Pasto de Colombia, y varios
exalcaldes de diferentes municipios colombianos, se espera generar una
interesante debate sobre como los pueblos indígenas de Guatemala puede
coaccionar para mejorar el respeto de los derechos de los pueblos mayas en el
país.
Arquímedes Yampuezan, gobernador del Resguardo Indígena de
Nariño, describe el fundamento de los derechos de los pueblos indígenas de
Colombia: “Sabemos que tenemos un derecho mayor porque somos originarios de la
tierra y hemos estado en nuestras tierras mucho antes de la llegada de los
estados occidentales. Por esta razón sentimos que podemos hablar “autoridad a
autoridad” con el gobierno (colombiano) porque somos autoridades con un derecho
mayor.”
Dr. Omar Salcedo, indígena Nariño del sur de Colombia y ex
alcalde de Santa Cruz Nariño añade que “El derecho mayor es la esencia de la
autoridad y autonomía de los pueblos indígenas de Colombia que se basa en sus
usos y costumbres y el derecho natural que poseen los pueblos indígenas por ser
los originarios de un determinado territorio.”
En Guatemala poco se escucha del término “derecho mayor” en
la polémica nacional sobre los derechos de los pueblos mayas. Sin embargo, dado
la coyuntura socio-política actual, tal vez sea urgente integrar este concepto
en el debate.
Con la llegada de los “nuevos invasores” en forma de las
empresas transnacionales y ante la clara intención del gobierno guatemalteco de
abrir los territorios indígenas a la inversión extranjera como estrategia de
desarrollo nacional (lee empresas mineras, petroleras, monocultivos e
hidroelectricas), es notorio un “choque de derechos” que ha generado tanta
controversia y altercados alrededor del país.
El Ministro de Energía y Minas de Guatemala, Erick Archila
escribió hace poco un artículo para la prensa local titulado “Derechos y
Libertades.” En su artículo Archila reconoce el derecho de los pueblos
indígenas de Guatemala ser consultados sobre la llegada de empresas a sus
territorios. Sin embargo, afirma que “la forma de la práctica de ese derecho
permite mucha especulación” y que el gobierno debe “garantizar el derecho de
consulta a los pueblos indígenas pero también garantizar la libertad de
industria y comercio.”
Al parecer, el gobierno de Guatemala está titubeando entre
dos derechos: el derecho de los pueblos indígenas sobre sus territorios
ancestrales y el derecho de la libertad de comercio de las grandes capitales
nacionales y extranjeras. Los derechos de los pueblos indígenas están
reconocidos por la Constitución de Guatemala y diversos convenios internacionales
como el OIT 169. El derecho a la libertad de comercio, además de ser el
estandarte que guía el mundo globalizado, está garantizado por el Tratado de
Libre Comercio que Guatemala firmó con los Estados Unidos (que jurídicamente
tiene rango constitucional) y está respaldado por la constante amenaza de
demandas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones (CIADI). Además, existe un conflicto entre el derecho de los
pueblos indígenas sobre su territorio y el derecho del Estado sobre los
recursos del subsuelo del territorio nacional.
Ante este conflicto de derechos, la pregunta clave es: ¿Cuál
derecho prevalece y en que circunstancias?
Parece que el gobierno de Guatemala respeta los derechos de
los pueblos indígenas sobre sus territorios hasta que estos derechos amenazan
los derechos “mayores” de las empresas, inversores, etc. Debido a que los
reclamos de los pueblos mayas sobre sus territorios cada vez se hace más
manifiesto, el presidente Pérez Molina, en su propuesta de reformar la
Constitución del país, sigilosamente metió un cambio al Articulo 66 sobre
“Protección a Grupos Étnicos.”
En el propuesto cambio, el gobierno pretende quitar la parte
del artículo que lee, “El Estado reconoce, respeta y protege… las formas de
organización social (de los pueblos indígenas).” Al presentir que las formas de
organización indígena del país son una amenaza para los planes gubernamentales
de abrir la zona rural a la inversión extranjera sin ninguna forma de consulta,
el gobierno pretende relegar los pueblos indígenas al ambiente folklórico,
permitiéndoles su idioma, vestimento, etc. (que además es bueno para generar
divisas para el Estado a través del turismo) pero negándoles sus derechos
fundamentales en sus formas tradicionales de organización.
Según Dr. Salcedo, la lucha para la defensa de los derechos
de los pueblos indígenas en Colombia y alrededor del mundo debe de ser enfocado
en esfuerzos para hacer prevalecer losderechos mayores de los pueblos indígenas
por encima de los derechos del capital, que en un mundo globalizado es cada vez
más difícil. Según Salcedo, “El Convenio 169 de la OIT tiene rango
constitucional en la mayoría de países firmantes y así debe de prevalecer
porque son derechos fundamentales e irrevocables.”
Otro pueblo indígena Colombiano, el pueblo Guambiano, en un
manifiesto sobre su territorio expresa que, “Esto es nuestro Derecho Mayor, por
encima de todos nuestros enemigos, por encima de sus escrituras, por encima de
sus leyes, por encima de sus armas, por encima de su poder. Por Derecho Mayor;
por derecho de ser primeros, por derecho de ser auténticos americanos.”
Se espera que la Cumbre de Autoridades Indígenas
Guatemala-Colombia abra los espacios necesarios para reivindicar el “derecho
mayor” de los pueblos mayas de Guatemala.
Por Tobias Roberts
www.albedrio.org
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