Heber Pérez
Juana Matom rompe en llanto cuando desde un recóndito lugar en su memoria comienzan a salir aquellas
imágenes de momento en que soldados se llevaron a su hermano. Un día después encontró su cadáver.
Fuente: LA HORA
Por SONIA PEREZ D. NEBAJ / Agencia AP
Huyó descalza por los cerros, adentrándose en la densa selva, alejándose de la aldea Vivitz, en Nebaj, una región del norteño departamento de Quiché, a unos 150 kilómetros al norte de la capital y donde vivía aquel 10 de septiembre de 1982.
“Yo tenía 8 o 9 años (cuando) los militares llegaron a capturar a mi hermano. Dijeron que todos debíamos acompañarlos... no los conocía, además vi que habían golpeado tanto a mi hermano y pensé: ‘si me voy, me van a matar también’ y entonces huí. A él (el hermano) lo mataron”, contó la indígena guatemalteca de 38 años.
Las imágenes que conserva en la memoria de esos días volvieron a emerger y cobraron importancia luego que en junio de 2011 fue capturado el primer general del Ejército procesado por genocidio.
La jueza Carol Patricia Flores decidirá en una audiencia el 21 de septiembre si lleva el caso a juicio.
El Ministerio Público acusó al general de brigada Héctor Mario López Fuentes de planificar y ordenar las sangrientas operaciones militares denominadas Victoria 82, entre otros delitos que habría cometido actuando como jefe del Estado Mayor de la Defensa, que propiciaron el exterminio de la población civil durante el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt (1982-1983).
El abogado defensor de López, Edgar Leonel de León, declinó hablar con AP sobre el caso y dijo que tampoco el militar retirado y sus familiares darán entrevistas.
Matom recordó que los sobrevivientes del ataque a la aldea Vivitz regresaron furtivamente y enterraron a los muertos en dos fosas comunes en el camino que conduce a la aldea y allí permanecieron hasta que en 1999 el sitio fue excavado por antropólogos forenses.
Al exhumar los restos, los expertos señalaron que fueron asesinados a golpes y con armas blancas. Los sobrevivientes lograron reconocer a sus familiares por la ropa y la posición en que habían quedado enterrados. En 2000 hicieron un funeral con ceremonias y duelo, en el cementerio a donde ahora acuden al menos una vez al mes a dejarles flores.
“Al fin pudimos enterrarlos, aquí ya está mi hermano” dijo Matom al señalar la lápida. Pero su consuelo es solo parcial porque no pudo hacer lo mismo con su padre que fue asesinado un mes antes que su hermano porque perros y aves de rapiña acabaron con sus restos.
La denominada Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), auspiciada por Naciones Unidas para realizar un informe de lo acaecido durante los 36 años de conflicto armado (1960-1996), registró un total de 635 masacres. Indicó que la mayoría fue contra comunidades indígenas entre 1978 y 1984 y que el 95% ocurrieron en Quiché.
El informe señaló que el 90% de los excesos y violaciones a los derechos humanos fueron cometidos por el Ejército o paramilitares organizados y armados por las mismas fuerzas castrenses. El resto las atribuyó a la guerrilla u otros actores del conflicto.
La CEH señaló que la doctrina militar implementada en esos años conocida como “tierra arrasada” implicó la aniquilación de poblados indígenas cuyos habitantes eran considerados como potenciales guerrilleros. Bajo el concepto de “quitarle el agua al pez”, la aniquilación de la población buscaba impedir que crecieran las guerrillas que intentaban tomar el poder y que para esa época habían alcanzado un peligroso despliegue en varias regiones de Guatemala.
Según la Comisión, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMD) era el responsable de la planificación y ejecución de las operaciones de contrainsurgencia. Definió que “existen actos genocidas cuando el objeto final no es el exterminio del grupo sino otros fines políticos, económicos, militares o de cualquier otra índole, pero los medios que se utilizan para alcanzar ese objetivo final contemplan el exterminio total o parcial de grupo”.
Los choques armados terminaron con la firma de acuerdos de paz en 1996, pero en Nebaj poco ha cambiado.
Matom y muchos de sus vecinos siguen descalzos, no tienen agua corriente ni servicios sanitarios en sus hogares. El camino para llegar hasta la aldea Vijolom II, donde ahora vive, aun es de terracería y durante la época de lluvias se torna prácticamente intransitable. La mayoría de pobladores siembra maíz en pequeños fundos y en cantidades que apenas alcanza para la subsistencia familiar. La población sigue polarizada y no ha habido ni justicia ni un proceso de reconciliación en la sociedad.
López “es la primera persona que está siendo detenida y procesada por el delito de genocidio. Nadie en América ha respondido por este tipo de delito tan atroz, en Guatemala hay otras denuncias pero no han avanzado” expresó el abogado Édgar Pérez Archila, quien representa a los sobrevivientes y víctimas de las masacres. Aseguró que su intención es procesar a todos los que conformaban el alto mando del Ejército de entonces.
La lógica dentro de la disciplina militar conduce siempre a que los ejecutores de las matanzas actuaron bajo órdenes y son el último eslabón de la cadena de mando que comienza en la cúpula castrense, hacia la cual se han apuntado los casos judiciales, señaló el abogado.
Hace unas semanas los abogados defensores del militar le pidieron a la jueza Flores que anulara el proceso porque López, de 81 años y con cáncer de próstata, había perdido la cordura y está deprimido por estar detenido. También argumentaron que hubo una ley de amnistía que le favorece y porque ya había otro proceso en su contra. La jueza rechazó la petición.
Pérez Archila ni siquiera se atreve a decir cuánta gente murió durante el período en el que su defendido era el jefe del EMD.
El secretario privado del Ministerio Público, Mynor Melgar, responsabiliza a López de más de 300 masacres en todo el país.
El coronel retirado Mario Mérida, académico y especialista del tema, dijo que “no había una intencionalidad” de cometer excesos y que una de las primeras normas de las operaciones militares “era no agredir a la población que no se encontrase armada”.
Agregó que es “perverso” querer juzgar a López por crímenes cometidos por personas que no obedecieron sus órdenes.
López y otros jefes castrenses de su época, incluido Ríos Montt, también enfrentan juicio en España por una denuncia interpuesta por la premio Nobel de la Paz 1992 Rigoberta Menchú aduciendo la jurisdicción internacional en casos de lesa humanidad de la Audiencia Nacional española, que ya ha girado orden de captura en contra del ex jefe del EMD.
Francisco Chávez, otro sobreviviente de la violencia de la guerra, de 59 años, recordó que “cuando mi papá me hablaba de los soldados les tenía miedo, (yo) pensaba que eran monstruos”.
Se remonta a cuando tenía 6 años y los militares llegaron a Xalbal, una aldea de Ixcán, también en Quiché, se llevaron a su papá y lo mataron. Dijo que los soldados le quitaron la posibilidad de hacerse “hombre junto a mi padre, que me enseñara cómo hacer todo, cómo tener una familia, el trabajo, pasarle las tradiciones a mis hijos, todo”.
Después de perder a su progenitor y que los militares acabaron con su aldea, Chávez dijo lo llevaron a vivir a un destacamento por seis meses junto a otros 60 niños.
En ese periodo los vistieron como soldados, comieron raciones de comida enlatada, hasta que un día un sacerdote les pidió a los soldados que les diera a los niños y con ellos hizo un orfanato, recordó el sobreviviente.
“Doce años después me encontró mi madre, yo la creí muerta, pero no, ella había sobrevivido”. Chávez se convirtió en uno de los activistas que fundó la Asociación Justicia y Reconciliación, que apoya y asesora a quienes quieran sumarse a la causa judicial por genocidio.
Si progresa el juicio, López será el primero por genocidio que se desarrolla en América, pese a que durante los años 70 y 80 otros países de la región registraron cruentos conflictos internos y represión.
Argentina es donde más avances ha tenido el esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos, con más de 800 procesados bajo esas imputaciones y 212 que ya han sido condenados, aunque solo 40 de ellos tienen sentencias firmes.
Las cifras oficiales señalan que fueron 13 mil los desaparecidos bajo la dictadura argentina (1976-1983), pero organismos de derechos humanos estiman que fueron unas 30 mil personas.
En Chile un reciente informe oficial incrementó a 40.018 las víctimas de la dictadura militar (1973-1990), al establecer que otras 9.800 personas fueron torturadas o apresadas por razones políticas. Unos 800 agentes de la represión de Augusto Pinochet, en su mayoría militares, enfrentan juicios por crímenes de lesa humanidad, de los cuales 71 están en un par de cárceles especiales para violadores a los derechos humanos, según cifras oficiales a noviembre de 2010.
En Uruguay hay también una veintena de detenidos y procesados por delitos de lesa humanidad, entre los que se contaba el extinto ex dictador José María Bordaberry, pero siguen prevaleciendo sendas amnistías que beneficiaron tanto a guerrilleros como a militares por los abusos cometidos en el marco de la dictadura (1973-1985).
En El Salvador todavía ha resultado imposible revocar una amnistía que protege a todos los militares por las acciones cometidas en el marco de la guerra.
El conflicto armado en Guatemala dejó más de 200 mil muertos y desaparecidos, según la CEH.
Matom, igual que muchos otros indígenas guatemaltecos, cada mes vuelve a la ladera en la que está el cementerio para colocar flores a lo que quedó de su familia: el nombre de su hermano y 12 personas más grabados en una lápida.
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