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De los recientes estados de sitio que se han dado en el país, “en nombre de la seguridad”, el declarado en Santa Cruz Barillas el 1 de mayo por el presidente Otto Pérez Molina, debe ser el más vigilado.
Fotografía: Prensa Libre
No solo por la comunidad internacional sino por el sector de derechos humanos y por todos y todas las ciudadanas, en virtud de ser el primero que decreta el presidente de la “mano dura”, pero también porque en sus declaraciones, el señor presidente dejó incertidumbre y duda del manejo que se dará a este conflicto porque criminalizó la lucha de las comunidades contra la hidroeléctrica que se planea o estudia construir en el lugar y la vinculó al crimen organizado y narcotráfico.
No hablo de no ejercer la justicia contra aquellos que resulten responsables, luego de una investigación legal y científica, de los daños provocados ya sea física o materialmente en el lugar. En este país es muy fácil evadir a la justicia, si no, que nos lo cuenten funcionarios y funcionarias que el cargo les hace impunes, evadiendo la justicia.
La responsabilidad legal de actos de vandalismo es incuestionable. Sin embargo, el conflicto había sido previamente anunciado, pues desde hace ya 2 años el Centro de Estudios y Documentación de la Frontera Occidental de Guatemala –CEDFOG– había reportado conflictos en la zona debido a la información de la posible instalación de una hidroeléctrica en el lugar. Entonces el Estado también tiene responsabilidad en no haber previsto la situación. Y la excusa de que llevan pocos meses (4) en el gobierno no es suficiente.
Lo más importante ahora, no solo son las ocho capturas y 23 órdenes de captura solicitadas por el Ministerio Público contra líderes comunitarios de la localidad. el MP y los jueces deberán velar porque todo se haga conforme a la legalidad y que no pase lo que pasaba durante el conflicto armado, cuando algunos vecinos “denunciaban” a otros como miembros de la guerrilla para que el ejército o los paramilitares luego los ejecutaran.
Huehuetenango fue un área muy golpeada durante el conflicto armado, varias comunidades en ese departamento simplemente fueron arrasadas y desaparecidas y en un país donde hubo una guerra cruel y no hubo un proceso de reconciliación, esto es una mecha encendida.
La respuesta inmediata que el gobierno está dando a este tipo de conflictos: militarizando estas áreas no es la mejor solución. Habrá también que escuchar las demandas de la población y su derecho a la autodeterminación si quieren o no una hidroeléctrica en el lugar o si la idea de la instalación de la hidroeléctrica allí ya un hecho, buscar la forma de informar a las comunidades de las formas en que pueden beneficiarse, para que los beneficios no sean como siempre entre la empresa constructora de la hidroeléctrica y quienes le autorizan instalarse.
Al menos cuatro consultas comunitarias sobre las hidroeléctricas se han desarrollado en el país en 10 años en: Jocotán, Chiquimula; San Pablo, San Marcos; Ixcal, Quiché; Rio Hondo, Zacapa; en las que las comunidades han dicho NO, a la construcción de estas. Ese es un mensaje muy claro sobre su visión del asunto. Si las hidroeléctricas son una mejor opción de energía, ¿Por qué no se ha llegado a las comunidades con suficiente información al respecto y se hubiese podido evitar este incidente?
Por: Sonia Pérez
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